UN NUEVO GOLPE EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN DE LAS NOTARÍAS: UNA NUEVA REBAJA ARANCELARIA.
El BOE de 24 de mayo publica el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.
Dicho Real Decreto tiene por finalidad fundamental reducir el déficit público.
Entre las medidas que contiene destaca la reducción de un 5% del arancel notarial (más concretamente, de los documentos de cuantía).
Esta rebaja se añade a las otras muchas que, en los últimos años, se han venido acordando, sin tener en cuenta los costes económicos de la actual oficina pública notarial.
Esta rebaja supone más un perjuicio que un beneficio para el interés general de la sociedad española:
1) Porque no incide en el déficit público, de modo que no va a suponer una disminución de éste –finalidad fundamental del Real Decreto-, puesto que el arancel no lo paga el Estado, sino los ciudadanos.
2) Pone en serio peligro la viabilidad de muchas notarías y, por ende, de muchos puestos de trabajo -en España hay unos 20.000 empleados de notarías-.
El Notario es un funcionario público, pero, a diferencia de los demás funcionarios públicos en general, al no percibir la retribución del Estado, tiene que sostener los gastos de la oficina notarial con lo que percibe del arancel, incluyendo su propia retribución.
Desde el año 2001, los Notarios hemos venido invirtiendo, de nuestro propio peculio, en nuevas tecnologías, colocando al Notariado español a la vanguardia del Notariado europeo, con coste cero para la Administración.
El RD de 1989, que tiene más de 20 años, sólo ha conocido en estos años constantes rebajas, sin que se haya realizado un estudio serio, como exige la Ley, del mínimo imprescindible para mantener, en condiciones dignas, la oficina notarial.
Los Notarios, aparte de las muchas rebajas que llevamos desde 1989, hemos sufrido y estamos sufriendo en nuestra propia carne la crisis: se ha producido una disminución de ingresos media del 40% -en algunos casos del 20%, en otros de hasta el 70%-. Y sufrimos la crisis directamente porque, aunque somos funcionarios públicos y estamos obligados a prestar el servicio, incluso cuando éste no cubre el coste, nuestra retribución está en función del volumen de nuestra actividad y ésta ha decrecido, en los dos últimos años más de un 40% de media.
En el año 2008 se propuso por el Gobierno la reducción de un 20% de los aranceles, con entrada en vigor el 1 de enero de 2009. La proyectada huelga de empleados de Notarías, así como la toma de razón de que dicha rebaja supondría la pérdida de miles de puestos de trabajo, decidió al Gobierno paralizar dicha proyectada rebaja.
Ahora, sin previo anuncio, hemos sabido por el BOE, y sin tiempo de reacción, que se perpetra una nueva rebaja en el arancel notarial, con graves consecuencias, que se añaden a las ya de por sí graves consecuencias que está teniendo la crisis para las notarías, muchas de ellas en peligro de cierre.
La crisis ya ha pasado factura al Notariado: reducción de ingresos en una media del 40% -en algunos casos de hasta el 70%-. La rebaja que publica el BOE supone la puntilla a una institución que forma parte de la seguridad jurídica preventiva; una de las pocas instituciones que funciona bien en nuestro país.
La medida ni tan siquiera va a beneficiar a los ciudadanos, pues esta reducción va a ser absorbida, más que probablemente, por las gestorías y demás intermediarios, con lo que el coste final para el ciudadano de a pie será el mismo, sino más.
En nada beneficia y en mucho puede perjudicar esta rebaja.
La Asociación Independiente de Notarios solicita que se proceda ya, sin demora, a un estudio serio del arancel, y que se destierre definitivamente la política demagógica de rebajas del mismo, que no atienden a criterios objetivos de viabilidad de las notarías, sino a demagógicos intentos de captación de votos.
Es necesario un nuevo Arancel. Las subidas o rebajas del arancel se deben hacer en base a los estudios objetivos del coste de elaboración del documento notarial. Los documentos de cuantía que permitían financiar los documentos irrentables (hay que tener en cuenta que el coste medio de elaboración de un documento notarial se sitúa en 150 euros, y que todos o la mayor parte de los documentos que hoy, con la crisis económica, se autorizan en las notarías, está por debajo de dicho coste) han disminuido, hasta prácticamente desaparecer. Los documentos sin cuantía, por la no adaptación del arancel al IPC en los últimos veinte años, ha supuesto una reducción de más del 50%.
Los órganos de representación del Notariado deben, sin demora, trasladar la honda preocupación que las bases del Notariado sienten por el futuro de la institución. La crisis, factor objetivo, está laminando la viabilidad de las notarías. A la crisis se suma la demarcación del año 2007, con la creación de más de 300 nuevas Notarías.
El problema se agrava aún más si tenemos en cuenta las medidas que se prevén en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible.
